>En otro tiempo en nuestra entidad el cargo de presidente municipal fue considerado tumba política de quien llegaba a ostentarlo. Arribar al puesto y trascender es demasiado difícil, aunque en Nayarit al paso del tiempo hubo raras excepciones. Considerada posición previa para el salto a la gubernatura, hoy se ha convertido en un lugar políticamente muy codiciado, pese a las implicaciones que encara ejecutar con pleno conocimiento la administración del erario y con vasta experiencia los programas oficiales que redundan en el bienestar social de los habitantes.
En nuestra entidad hemos tenido como alcaldes personajes buenos para la política pero pésimos administradores, al mismo tiempo que buenos administradores pero malos políticos. Sería muy favorable para la ciudadanía que el presidente del ayuntamiento cumpliera con los preceptos de la Constitución General de la República sobre el tema del municipio libre, en una palabra: actuar con justicia social. Con eso nos conformamos.
Las penurias económicas y financieras de las administraciones municipales han sido por siempre, no de ahora. Pese a ello hay quienes se atreven a participar en política con la ambición de alcanzar ese poder. No saben en la que se meten porque la mente se obstruye y vence la vanidad. Es un orgullo gobernar el municipio donde naciste, ha dicho el alcalde de Tepic, Manuel Cota.
Actualmente tienen problemas la mayoría de las veinte administraciones municipales de la entidad, derivados del manejo del erario. Bastan algunos botones de muestra: Tepic oficialmente dejará, al término del periodo, una deuda pública por el orden de los 40 millones de pesos, pero el regidor priista Raúl Villa Villegas sostiene que será superior a los 170 millones de pesos, pues tan sólo en diciembre del 2007 el alcalde solicitó préstamo de 75 millones de pesos para el pago de aguinaldos y la nómina de ese mes.
El ayuntamiento de Santiago Ixcuintla está en la mira del Órgano de Fiscalización Superior porque registra inconsistencias en el manejo de los dineros públicos, mientras que el de Acaponeta tiene millonarios adeudos con hacienda federal por no pagar impuestos oportunamente, en ellos se incluye el que corresponde entregar al ayuntamiento a la Universidad Autónoma de Nayarit. Aquí habrá que indicar que fue herencia de la anterior administración municipal, pero que hasta hace poco tiempo se destapó dicha irregularidad.
Un caso sui géneris, posiblemente derivado de la incultura administrativa y legal, es el del ayuntamiento de El Nayar que preside Florentino Canaré Peña, quien durante todo su trienio, que está a punto de culminar en septiembre venidero, no ha cumplido con la rendición de cuentas. Terco como buen cora, Canaré ha desoído requerimientos sobre disposiciones legales y administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, cuyo titular advirtió que el alcalde podría ir a la cárcel. Esto sería algo inédito en Nayarit, pero además aberrante por tratarse de un indígena.
En los últimos años la memoria no registra que algún alcalde haya dejado dinero en las arcas municipales, por el contrario, ha ocurrido que cargan con muebles de oficina, vehículos, otros muchos enseres y hasta con maletas repletas de fajos de billetes. La corrupción e inmoralidad en todo su apogeo. Hoy las raterías se cometen con mayor sutileza, con más fineza. Cabe recordar aquí que como gobernante, don Emilio M. González Parra dejó una buena cantidad de dinero para que su sucesor no tuviera iniciales angustias por el pago de prestaciones y salarios de fin de año. Toño Echevarría pregonó al término de su mandato que dejó más de 500 millones de pesos. Esa y una cantidad similar que ingresó vía la Federación al inicio del gobierno de Ney González, dice Echevarría que se desaparecieron. Es decir, el Ejecutivo estatal no ha informado hasta la fecha en qué se invirtieron.
Los alcaldes no muy tan campantemente pueden eximir responsabilidad. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit establece que cuando son sometidos a juicio político, éste puede iniciarse hasta dentro de un año después de la conclusión de sus funciones, y en sanciones administrativas, tratándose de infracciones graves, el plazo de prescripción es de cinco años.
Sin embargo, en el pasado reciente presidentes municipales de Nayarit incurrieron hasta en responsabilidad penal, pero no se actuó en su contra. Hubo laxitud de tal manera que se acomodara el debe y el haber. La impunidad sigue siendo el común denominador de este régimen político. Y así será, como se ve, por los siglos de los siglos.
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