>En el proyecto de reformas que envió recientemente el presidente Felipe Calderón al Senado que propone reformas a la Ley General de Salud y a los Códigos Penales y de Procedimientos, nos encontramos con dos novedades que les atañerían a los gobiernos estatales en caso de ser aprobadas.
Uno, trata de la competencia de los tribunales estatales para juzgar a narcomenudistas, puesto que el gobierno de la república le traslada a las entidades su combate, por ser de menor monta el trasiego y tener las policías estatales y municipales, un mejor contacto con esta ilícita actividad.
Dos, al legalizar el consumo con microdosis, se establece un principio, el de no criminalizar al adicto o narcodependiente, en esta ya una guerra civil que padecemos en el país, en el gobierno panista se actúa con realismo fuera de consideraciones ideológicas, y se proponen medidas útiles para erradicar del tejido social el flagelo de la narcoviolencia.
Sin embargo es necesario explorar que el proyecto de referencia contiene un sesgo de mojigatería muy propia de los panistas hechos gobierno; en efecto, las cantidades que establece como legales en posesión de adictos para su consumo inmediato, son eso; microdosis, al señalar dos gramos de marihuana como los permitidos por la ley, es un medida anacrónica, porque en el mundo del consumo, de esta gente que necesita muletas para llegar a paraísos artificiales, sus ingestas son mayores.
En el mes de mayo del 2006, en Congreso federal aprobó reformas a la Ley de Salud para despenalizar la posesión de pequeñas dosis de drogas, destinadas para el consumo inmediato del adicto-poseedor; se establecieron 25 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana, 0,5 gramos de cocaína (dicen los enterados que alcanza para cuatro “líneas”) el decreto que el Congreso federal aprobó, se remitió a presidencia de la república para su promulgación y publicación, finalmente el entonces presidente Vicente Fox, lo vetó, y todo mundo supo que fue por presiones del presidente gringo, George W. Bush.
Desde este espacio, esta ha sido nuestra propuesta de hace años, despenalizar el consumo de todo tipo de alucinógenos, que trae implícita la posesión de dosis personales para su consumo inmediato; es posible que en presidencia de la república, de manera deliberada pusieron en la propuesta dosis tan pequeñas, para imbricar en su modificación a los senadores de la república y el proyecto lo adecúen ellos a la realidad que se vive en este mundo de paraísos artificiales.
El consumo de drogas es un asunto de salud pública y el gobierno debe actuar en consecuencia; el trasiego de la drogas es un asunto de procuración y administración de justicia, ahí el gobierno debe limpiar las cañerías y los sótanos de todas las policías, procuradurías federal y estatales, e irse a la raíz del poder de los carteles, minar sus operaciones financieras, modificar la ley para la pérdida del dominio de sus fabulosos recursos y meter a la cárcel a los gerentes de los bancos, ésos cómplices del narco que nunca han sido indiciados.
EL ESCENARIO DE LOS ESTADOS
Una de las consecuencias mas odiosas, absurdas de la lucha contra las drogas es la inútil y obsoleta práctica de llenar las cárceles estatales de pequeños consumidores; tratar como criminales a narcoadictos es un descomunal error por parte del gobierno; esta circunstancia sigue probando lo inadecuado de mantener estos preceptos legales en vigor, mientras la corrupción corroe los órganos del Estado y la violencia destroza la paz social de todos los mexicanos.
Las inmensas ganancias de la producción, venta y tráfico de las drogas, reclama grandes modificaciones de la manera en que se percibe el problema; si esta reforma pasa por el Senado y se promulga, se impone la revisión integral del segundo eslabón de la cadena productiva del narcotráfico, la venta de las sustancias que requieren los narcoadictos; lo cual no lleva a su fase primaria, su producción y procesamiento para su ulterior comercialización.
Pero mientras esto ocurre, es prudente explorar que al pasarle la competencia a los gobiernos estatales de combatir el narcomenudeo, en los órganos estatales de seguridad pública se impone un saneamiento integral, dado que hasta la fecha es un hecho notorio (es decir que no requiere que se pruebe de forma alguna) que los mandos intermedios y superiores de las corporaciones policiácas estatal y municipales, tienen algo (o mucho) que ver con el narcomenudeo.
Los gobiernos estatales bajo este supuesto, tendrían que modificar de manera sustantiva sus políticas públicas al ampliarse esta responsabilidad que quedaría bajo la esfera de su jurisdicción de procuración y aplicación de justicia.
A la fecha, las operaciones conjuntas de los dos niveles de gobierno pareciera que se quedan en esfuerzos escenográficos en el despliegue de efectos intimidatorios de la fuerza del Estado; el desfile nocturno de vehículos y fuerzas armadas no sabemos su eficacia real contra la delincuencia profesional.
EL CASO NAYARIT
La frivolidad extrema del procurador de Justicia y la ignorancia crasa del diputado presidente de la comisión de gobierno legislativo, pondrán en un predicamento nada cómodo al gobierno de Ney González en el cumplimiento de las reformas federales que se den y que se tendrán que adaptar a la legislación y operación local.
El primero que vanaliza la existencia de la delincuencia y su recurrente actuar en la entidad y el segundo cuya incapacidad cognitiva y discursiva pone en riesgo todo asunto toral del Estado que se pone en sus manos y que debe tener el adecuado proceso legislativo; dos preocupaciones mas para el gobernador González.
Para alcanzar todo tipo de fines de mejoramiento integral de la sociedad es la ley y una congruente actitud del gobierno para cumplirla; el conjunto de reglas de observancia general y estricta que nos damos como sociedad, es para ordenar nuestras inter relaciones y regular todas las actividades sociales, procurando el bienestar colectivo y, sobre todo, crear en la ciudadanía la certidumbre de nuestras expectativas como sociedad.
El fondo de este tipo de problemas que ya son estructurales en el todo del tejido social, es una decisión política, sobre el qué hacer con el mas urgente de nuestros problemas actuales; la discusión en el Senado y en los congresos locales, es un asunto de voluntad política sobre la manera de tratar de resolver este auténtico narcoestado feudal que ya tenemos encima.
En al caso Nayarit, es de esperarse que con la agudeza e inteligencia emocional del gobernador González lo capte a plenitud, dándole viabiliad jurídica y política en la entidad, pese a los dos bultos que tiene, uno como procurador y el otro como líder del congreso local.
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