>Los legisladores que firmaron la iniciativa para reformar los códigos penal y de procedimientos penales con la supuesta intención de sancionar conductas delictivas nuevas, que tienen que ver con el enviar correos “que produzcan alarma, temor o miedo en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación”, refiriéndose a los correos que circulan de manera anónima por internet (ciberterrorismo, le llamaron), seguramente ignoraban totalmente la materia sobre la que legislaron, como muchas veces suele suceder.
De igual manera los restantes 25 diputados integrantes de nuestro heroico poder legislativo, es obvio que no saben ni madres de la materia sobre la cual dejaron constancia histórica de lo ignorante que son. Pero indudablemente la gloria será para los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, integrada por los priistas Roberto “El Bachis” Lomelí Madrigal, Dolores “Lolo” Galindo Flores, Patricia Sandoval Rodríguez, la perredista Gloria Ramírez Bucio y, de manera increíble por ser abogado y tener supuestamente una mínima cultura jurídica, el saltimbanqui Juan Echeagaray Becerra, ahora del Partido Verde.
En un galimatías digno de los mejores momentos del ilustre Cantinflas, los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos argumentaron infinidad de imbecilidades para decir que era necesario legislar para evitar la proliferación de correos electrónicos anónimos y cobardes que difaman, calumnian e injurian a personas y autoridades, cuestión que nadie pone en tela de juicio y en la que estamos de acuerdo, para los que además ya existe legislación, pero después de la alaraca argumentativa de los diputados, resultó que legislaron sobre otra cosa muy diferente a lo que plantearon, ya que la reforma no circunscribió a sancionar las conductas supuestamente delictivas que se dan al amparo del anonimato que suele darse en el internet, sino que añadieron a la legislación local una barbaridad que va en contra sentido a los aires de respeto a la libertad de expresión (y protección al quehacer periodístico) que surcan el mundo: “Se castigará a quienes por cualquier medio generen, difundan o propaguen información o datos falsos que produzcan alarma, temor o miedo en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. Por cualquier medio dice la reforma, léase radio, televisión, periódicos, teléfonos, de viva voz incluso, etcétera, olvidándose del tema toral, que eran los correos basura que pululan en internet.
Ahora bien, en la mamada que legislaron señalan que una de las características de la información o datos falsos para que sean conductas punibles deben de ser que “produzcan alarma, temor o miedo en la población o en un grupo o sector de ella”... Nos preguntamos ¿Cuál es el rasero para medir la alarma, el temor o el miedo en la población o grupo o sector de ella? Proponemos a los lúcidos diputados la siguiente tabla: Nivel uno: Tengo cus cus. Nivel dos: Me da meyo. Nivel tres: Ay nanita! Nivel cuatro: La llorona! Nivel cinco: Salinas de Gortari se reelige presidente!!! ¿O dejamos al arbitrio de los Ministerios Públicos el medir el nivel de “zacatito pal conejo” de la población? Ah, pero no contentos con tamaña babosada, nuestros legisladores añadieron que el miedito estará focalizado: “ ...en la población, en un grupo o sector de ella”. Sería necesario preguntarles a los ilustres Bachis Lomelí y Lolo Galindo que entienden por grupo o sector de la población. ¿Los campesinos? ¿Los rotarios? ¿Los del escuadrón de la muerte? ¿Las bellas florecillas gays de la plaza principal? ¿Los diputados? Ocupamos definiciones, por favor.
Claro está que ya encarrerados nuestros legisladores le agregaron la pista para detectar en dónde hicieron ampolla los correos basura, pues deben tener como objeto: ”... perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. Sin embargo, es una verdad de Perogrullo que la política es para hacer política y cualquier político, cualquier periodista de opinión, cualquier crítico social, cualquier ciudadano, están en su derecho de expresar sus opiniones, así sean equivocadas (información o datos falsos), y pueden hacerlo con el sano propósito de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Chingado, para eso son políticos, para chingarle la borrega a los gobernantes y buscar que cambien lo que bajo su óptica está mal. De eso se trata la política, precisamente. Y los periodistas igual, estamos para señalar lo malo y para tratar de cambiarlo, auque a veces nuestras fuentes no sean del todo fiables. Y a veces se necesita perturbar la paz pública o para cambiar las cosas. Ah, por cierto ¿sabrán los diputados lo que significa “perturbar”? Si no lo saben, según la Real Academia Española de la Lengua tiene tres sentidos : 1. tr. Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien. U. t. c. prnl. 2. tr. Impedir el orden del discurso a quien va hablando. 3. prnl. Dicho de una persona: Perder el juicio. www.rae.es Así, hasta una pinche camioneta que hace perifoneo “pertuba” la paz pública. La ambigüedad es obvia.
La Ley que votaron sin siquiera leerla sanciona a quienes “...generen, difundan o propaguen información o datos falsos...”, lo que fortalece la teoría del Gamboa que los diputados en su chingada vida han tenido la oportunidad de conocer lo que es la computación y mucho menos la red de redes, la web. Un ejemplo: me llega a mi correo un mensaje aparentemente inocuo. Cometo el error de abrirlo y trae un virus malicioso que reenvía ese mismo correo a mis contactos. Es obvio que mi pc difundió y propagó información o datos que pudieran ser falsos y que pueden perturbar la paz pública. ¿Seré motivo de sanción? Incluso la ley dice que se pueden llevar mi computadora para investigarla. Es decir, me pueden privar de mi instrumento de trabajo. Otro ejemplo: en Yucatán un “ciberterrorista” dice que el gobierno de Felipe Calderón es malo, que se devaluará el peso. Se cumplen los requisitos de perturbar la paz, meterle miedito a la población y socavar a la autoridad usando datos falsos. ¿Irá súper Vázquez Paniagua hasta Yucatán por el delincuente? ¿Se dará el caso de extraterritorialidad en la aplicación de la ley redactada para Nayarit y no para Yucatán? Para ya no darle tantas vueltas, es una reverenda mamada esa leyecita que aprobaron nuestros insignes legisladores.
Por último, las comunicaciones y las regulaciones que tienen que ver con medios de comunicación son de carácter federal, no local. Aunque ya vimos que esta ley abarca a todos los medios y no solamente al internet y mucho menos a los correos basura, es obvio que existe un conflicto de intereses entre lo que firmaron nuestros legisladores y lo que marca La Constitución y las normas reglamentarias en dicha materia, especialmente en lo que se refiere a tener que declarar ante el Ministerio Público sobre nuestras fuentes (me refiero a los periodistas que cayéramos en algún supuesto de dicha Ley), cuestión en la que el resto del país y la propia República trabajan en sentido contrario, de preservar el derecho de los comunicadores a guardad en secreto la “fuente” de donde proviene nuestra información. ¡¡¡Y la firmaron diputados de la comisión que busca proteger los derechos humanos!!! Por lo pronto, el Gamboa que no es ningún saurín, le augura una breve vida a dicha ley, a menos claro está, que Juan Echeagaray y Roberto Lomelí se pongan a estudiar y perfeccionen dicho mamotreto para que cumpla con la finalidad para que fue pensada y no la babosada que aprobaron sin siquiera leerla. A trabajar, huevones.
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