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* A este escriba le han preguntado, y he aquí de momento mi primera propuesta: Héctor Eduardo Velázquez Gutiérrez, connotado Notario y digno heredero del apellido; Oscar Humberto Herrera López, catedrático universitario, buen Ombudsman local y eficiente litigante; Vicente Ochoa Torres, excelente litigante, probo y de una bonhomía envidiable que tiene amplio reconocimiento de sus pares; José Luis Béjar -el junior- miembro de la Academia mexicana de derecho fiscal, talentoso que la sombra del padre no le ha permitido brillar
Prácticamente no existe un solo tratado o estudio con rigor metodológico que verse sobre los poderes judiciales de las entidades federativas; de hecho hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, existía una laguna legal sobre su existencia y normatividad; las reformas del numeral 116 y sus adiciones en la fracción III, establecieron las formas de ingreso a la judicatura y las características generales de sus integrantes, profesionales de las diversas áreas de las actividad jurídica y jurisdiccional.
El pasado inmediato de lo que sucedía ( o sucede ) en los Estados de la república nos indica que los poderes judiciales se renovaban a la llegada del gobernador en turno, acreditando la supeditación del judicial a la hegemonía política que ejerce el poder ejecutivo estatal. En la reforma del 116 de la Carta Magna se estableció la necesaria estabilidad de los tribunales estatales, por la trascendencia que significó disminuir las facultades meta constitucionales de los gobernadores en ejercicio.
Si el poder judicial funcionaba como apéndice del ejecutivo, la reforma constitucional y la alternancia del poder en las entidades federativas primero y en la presidencia de la república después, llevaron a una instancia superior a los Tribunales superiores de justicia, difuminando en parte el control y la dependencia de los magistrados al gobernador en turno; lo que cabe preguntarse ¿ha servido esta nueva condición constitucional y operativa..?
En Nayarit han existido TSJ de chicha y de limonada, es decir, sus integrantes fueron abogados que le debieron el puesto al gobernante; algunos como el caudillo Emilio “eme” González trataron de diversificar su integración llevando a gente que tuvo experiencia en la judicatura, pero también en el foro y en las notarías.
Celso Delgado se orientó por los profesores de la Escuela de Derecho y de sus amigos jóvenes e incondicionales; Rigoberto integró el poder con sus amigos y compadres, y al menos hubo gente que tenía experiencia en el manejo del derecho judicial, habían sido litigantes y funcionarios del Imss.
ACADÉMICOS VERSUS JURISPERITOS
En el actual imaginario colectivo, para las nuevas generaciones de abogados, tanto el maestro Germán Rodríguez como Ramón González, representan la imagen de santones o vacas sagradas del gremio que estuvieron uncidos al poder; y se abre la discusión sobre la naturaleza, atributos y experiencia de los letrados que deban ser promovidos por el gobernador González en sus respectivas ternas para que el Congreso -una extensión política de Ney González- designe a los nuevos magistrados.
Esta oportunidad de renovar dos magistraturas abrió los apetitos de los abogados que se han dedicado a la cátedra, a adquirir maestrías y ahora doctorados en diversas ramas del derecho, circunstancia quizás legítima pero absolutamente inconsecuente, que riñe con el territorio de ingentes necesidades de mejoramiento y modernización que hoy tiene la práctica y la administración de la justicia.
La especulación intelectual sobre la doctrina y las corrientes que han modificado la enseñanza del derecho es importante para la instituciones educativas, facultades y universidades que recrean y aportan conocimiento a las categorías jurídicas que conforman el cuerpo doctrinario y normativo del derecho occidental; parte inherente de nuestra cultura, de nuestro modelo de país e incluso de nuestra naturaleza como pueblo.
Sin embargo, las necesidades sociales y políticas que hoy campean en nuestra sociedad, la renovación de dos escaños en el TSJ, presenta una espléndida oportunidad para que el gobernador Ney González haga un verdadero inventario de los abogados jóvenes y otros no tanto, que se ubiquen en los atributos que señala el texto constitucional, que “hallan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica..”
El precepto de la Carta magna hace énfasis en los abogados que se hayan desenvuelto no solo como jueces en el ejercicio jurisdiccional, sino como abogados que hayan trabajado en el foro “en otras ramas de la profesión jurídica”.
Y que además tengan la idoneidad psicofísica y honestidad intelectual suficientes para acreditar con dignidad y probidad que como representantes de esta profesión son los mejores abogados, con filias políticas inclusive, para darle diversidad y pluralidad a la integración del TSJ, que incluso de estos dos nuevos magistrados puede salir el próximo presidente del órgano colegiado.
Porque la experiencia así lo testifica, solo quienes han sufrido la contienda en el foro, que se han encontrado con jueces venales y agentes del MP corruptos, con clientes infieles, con el tráfico de influencias en jueces de distrito, con tribunales de circuito y colegiados pachorrudos; solo el abogado que ha adquirido el temple que dan los años de estudio y del litigio, comprende a cabalidad el espectro de la administración de justicia.
NOMBRES HIJÍN, ¡NOMBRES…!
En el contexto actual, algunos abogados del poder se frotaron las manos con fruición, diciendo que es poca la capacidad de maniobra del gobernador González para la integración de sus ternas; hasta el zafado del procurador Béjar que primero quiso ser Secretario general de gobierno se le alborotó la hormona; pero sin duda, la persona que mas se va a divertir con este proceso será Ney González, habrá que ver sus señales al respecto.
A este escriba le han preguntado, y he aquí de momento mi primera propuesta: Héctor Eduardo Velázquez Gutiérrez, connotado Notario y digno heredero del apellido; Oscar Humberto Herrera López, catedrático universitario, buen Ombudsman local y eficiente litigante; Vicente Ochoa Torres, excelente litigante, probo y de una bonhomía envidiable que tiene amplio reconocimiento de sus pares; José Luis Béjar -el junior- miembro de la Academia mexicana de derecho fiscal, talentoso que la sombra del padre no le ha permitido brillar.
¿Existen mejores abogados que los citados..? Es posible, registremos sus nombres mañana.
Contacto: cronicaslip@gmail.com luisi48@prodigy.net.mx
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