Superar a la escuela del crimen

- Ago 19, 2010
>A propósito del debate sobre si es correcto o no que el gobierno del estado solicite más préstamos para invertirlo al rubro educativo, me permitiré citar unas estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No me gusta utilizar números en los artículos periodísticos, pero a veces pueden ser muy reveladores o por lo menos indicadores de alguna realidad:

Finlandia sólo invierte el 3.4 por ciento de su producto interno bruto en un sistema de educación básica que es reconocido como uno de los más avanzados del mundo, en contraste con México que gasta 4.4 por ciento de su PIB con desalentadores resultados.

México invierte más que Chile, que también está mejor que nosotros, e inclusive más que Irlanda, Austria y Canadá, países que pueden tener sus problemas en ese sector, pero no tan grandes como los que arrastramos nosotros, de los que recientemente ha dado cuenta la prensa local y nacional, con titulares como los siguientes: "Un millón de jóvenes fuera del bachillerato", cabeceó Meridiano en su primera plana del martes 6 de julio. Dos días después, La Jornada destacó el siguiente titular: "22 millones de jóvenes en América Latina no estudian ni trabajan" (de los cuales una buena porción de ellos, siete millones, están en México).

¿Qué es lo que está fallando? Si nuestro gobierno tardó un buen tiempo en mostrar voluntad para buscar la meta de 8 por ciento del PIB recomendada por la Conferencia de Ministros de Educación del 79 (celebrada, por cierto, en nuestro país) ahora que lo hace paulatinamente desde Salinas a Calderón, no vemos una relación coherente entre gasto y resultados.

Sencillamente, están fallando las políticas educativas. ¿Y por qué fallan las políticas? Porque de ellas no se desprenden acciones capaces de corresponsabilizar, en su ejecución, a los agentes de ese sector (gobiernos, sindicatos, directivos, maestros y padres de familia).

En el transcurso de los años, esa ineptitud social ¿o cómo llamarla?, ¿"cultural"?, ha desembocado en un grave problema de seguridad nacional: nuestros jóvenes abandonan las escuelas para abrazar la delincuencia, el vagabundaje o, por lo menos, los medios productivos informales. En su mayor parte son jóvenes de veinte a treinta y cinco años los asesinados en violentos ajustes de cuentas o encarcelados en los centros penitenciarios del país, donde terminan estigmatizados. La escuela institucional, esta que nos cuesta miles de millones de pesos, es decir, el 4.4 por ciento del PIB, no puede competir con esa otra, la escuela de la calle, dominada por los capos mayores a lo largo y ancho del país.

La industria del crimen, al contrario de las industrias legales, ha logrado construir un "sistema educativo" cuyas estructuras poseen personal especializado en enganchar tiradores, halcones, sicarios y demás para competir por el mercado de las drogas: ellos saben cómo formar sus cuadros negros y cómo promoverlos en una jerarquía de puestos o posiciones adecuadas a la producción y promoción del consumo de drogas.

Aprender a evadir la ley, no es cualquier cosa, como tampoco es tan fácil enseñar a matar o a eliminar personajes molestos o a enganchar nuevo "personal". Nos dejamos llevar por la violencia descrita en las notas rojas o policíacas, pero nadie toma en cuenta la fina "psicología" que un hampón profesional tiene que utilizar para dar con el aprendiz que ocupará una función peligrosa, como asesinar a un semejante, preparar un atentado o, simplemente, pegar una manta en lo alto de un puente, una montaña o un edificio. A esas acciones les subyace toda una pedagogía y una didáctica que merece ser tomada en cuenta.

Lo más significativo del asunto es que esos que dirigen y controlan tan brillantemente la escuela de la calle de una manera tan "pertinente" (la "educación" vinculada a la productividad y la innovación) ¡son también mexicanos! Si no podemos mandarlos a la SEP como asesores, me pregunto qué tenemos qué hacer los mexicanos que estamos del "lado institucional". Tenemos los recursos financieros. El gobernador de Nayarit está dispuesto a endeudarse más para invertirlos en educación. Está bien.

Entonces, la tarea principal de los agentes del sistema educativo institucional (el gobierno, el sindicato y los padres de familia) es buscar una forma más efectiva para competir y superar a la escuela de la calle. Esto será posible si vemos la educación, no como un asunto doméstico, sino como un problema de seguridad nacional.

* El autor es periodista, escritor y catedrático de la Universidad Autónoma de Nayarit

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