Houston, we have a problem

- Oct 17, 2011

>• Un grave problema político y financiero fue la decisión de Ney González de otorgar base a cientos de funcionarios de su sexenio, quienes por ser de confianza estaban obligados a presentar sus renuncias el último día del gobierno

DE LA DIGNIDAD AL OLVIDO. A través del Facebook el diputado de Nueva Alianza, hoy del PRI, Alejandro Galván, un diputado bien diferente, denunció la presunta violación a los derechos humanos que sufrieron 74 trabajadores del gobierno estatal que la semana pasada fueron despedidos por un funcionario del gobierno estatal, quien al parecer les exigió su renuncia y cuando los aludidos se negaron a firmar fueron literalmente corridos de sus áreas de trabajo.

En su muro de esa red social el diputado Galván publica una fotografía del funcionario, quien hasta el momento solo ha sido identificado como Marco González, aunque por mayores señas hay que destacar que parece un clon del Toro. El caso que la actuación de este empleado el gobierno estatal generó la intervención del diputado Galván, quien llegó al lugar del conflicto acompañado por al menos otro diputado de la llamada Ola Roja. Por desgracia el funcionario denunciado andaba en un día de furia, porque agarró parejo y mandó a los diputados a jondear gatos por la cola, aunque de una manera bastante grosera, lo que causó un justificable malestar en el diputado Galván, quien de inmediato subió a la red social su denuncia, iniciando una polémica sobre el tema de los despidos injustificados de los empleados que recibieron su basificación de manera igualmente injustificada.

ASALTO A LA NÓMINA. En números redondos, al término de su gobierno Antonio Echevarría Domínguez dejó un promedio de 2, 377 trabajadores de base, por su parte Ney González Sánchez elevó esa cantidad a poco más de 4,900, lo que implica que durante el sexenio pasado se duplicó el número de burócratas sindicalizados. Lo que realmente generó un grave problema político y financiero fue la decisión de Ney González de otorgar base a cientos de funcionarios de su sexenio, quienes por ser de confianza estaban obligados a presentar sus renuncias el último día del gobierno anterior para facilitar la incorporación de cientos de colaboradores del nuevo gobierno. Esa lamentable y cuestionable decisión de Ney González fue en parte el detonador de su conflicto con el nuevo gobierno. Y es que los números son escandalosos ya que en promedio cada uno de los 74 burócratas que fueron despedidos la semana pasada ganaba unos 12 mil pesos al mes, lo que implica un costo de más de 11 millones de pesos al año. Si se tratara de empleados con una función vital dentro de la estructura de la administración estatal sería muy lamentable el intento por dejarlos fuera de la nómina, pero sucede que todos eran jefes en el gobierno anterior y fueron premiados con un nombramiento de base para que desde el gobierno siguieran haciendo trabajo político a favor de Ney González Sánchez, quien ya calienta motores para iniciar su campaña en busca de una senaduría.

EL NUEVO REDENTOR. Tiene razón Alejandro Galván cuando denuncia la forma humillante en que estos burócratas fueron despedidos la semana pasada, a quienes además se les suspendió su pago, sin embargo no hay forma de solidarizarse con su postura debido a que la basificación de estos cientos de burócratas fue totalmente arbitraria, un auténtico atraco al patrimonio público estatal. Además de haber dejado a Nayarit dentro del ranking de los estados más endeudados del país, Ney González atasco la nómina con cientos de incondicionales que no eran necesarios para la operatividad del gobierno estatal. Por desgracia las leyes laborales, y en especial las que rigen a los burócratas, son muy benéficas para los trabajadores, por lo cual es prácticamente imposible sacarlos de la nómina de una manera justificada. A pesar de que se trata de cientos de burócratas que ni siquiera tienen funciones asignadas, y a veces ni escritorio, porque fueron beneficiados con plazas de nueva creación, difícilmente se les puede despedir de manera justificada, lo cual explica el enorme malestar que existe al interior del nuevo gobierno, que en estos momentos enfrenta graves problemas financieros por culpa de los excesos del gobierno anterior.

JUEZ Y PARTE. En la polémica desatada el domingo en el muro de Facebook de Alejandro Galván uno de sus amigos intentó justificar la actitud asumida por el gobierno estatal ante esta plaga de burócratas heredados por el gobernador Ney González Sánchez, sin embargo Alejandro de inmediato lo descalificó acusándolo de ser juez y parte por ser funcionario del gobierno estatal y por lo mismo obligado a respaldar sus acciones. Desde esa óptica el propio Alejandro Galván también está inhabilitado para opinar sobre el asunto porque él es uno de los grandes beneficiarios de los usos y abusos del poder de Ney González. El diputado presume que ganó su curul por mayoría de los electores, sin embargo pretende olvidar que él fue candidato por el Partido Nueva Alianza y que en cuanto asumió el cargo le dio la espalda a ese partido y se dio de alta en la bancada del PRI, partido en el que decía militar cuando pretendía ser su candidato a gobernador. Por lo tanto, Galván está jugando el papel de defensor de los intereses políticos del hombre que lo convirtió en diputado, y a partir de eso está descalificado moralmente para intervenir. Por lo demás, está claro que es el Sindicato de burócratas y las instituciones laborales quienes deberán intervenir en este problema. Alejandro Galván lo mejor que puede hacer es cumplir con su trabajo, que es legislar, hacer leyes, proponer iniciativas, terreno en el cual tiene mucho por hacer.

POSDATA. Lejos de generar solidaridad entre sus compañeros de oficina, los burócratas involucrados en este conflicto se han ganado el rechazo generalizado porque en su mayoría se trata de arribistas que durante un sexenio se desempeñaron como jefes de departamento y oficina, y sólo por su condición de amigos de Ney González fueron premiados con un nombramiento de base, con un sueldo por encima del promedio, afectando a cientos de modestos empleados que por años han esperado una plaza definitiva en el gobierno estatal y que hoy siguen laborando con la angustia que implica  el no tener un nombramiento definitivo.

VOX POPULI. Lamentablemente la misma ley protegerá a estos burócratas sanguijuelas, por lo tanto el gobierno de Roberto Sandoval está obligado a sustentar de manera eficiente estos despidos, porque de lo contrario en unos cuantos meses todos serán reinstalados en sus puestos, recibiendo además una millonaria indemnización por salarios caídos y despido injustificado. Por los mismo, no ayuda a nadie tratar de despedir burócratas a empellones y mentadas de madre.

 

(El autor de este artículo, Luis Alberto Alcaraz, es analista y columnista político)

Deja tus comentarios