Fracasan los administradores públicos... Nayarit necesita gerentes públicos

- Jul 14, 2012

>El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, (PED) recién dado a conocer, tiene como uno de sus propósitos centrales modernizar al estado en varios aspectos y plantea el cómo se pretende lograr. En este contexto, me parece oportuno reflexionar sobre el tránsito del esquema tradicional del “administrador público” al del “gerente público”, como un elemento que posibilite los objetivos que se pretenden lograr por el gobierno estatal.

Vincular el tema de la Gerencia Pública (GP) al valor del Estado es importante porque efectivamente es una discusión insana aquella idea de optar entre el Estado y el mercado. Vivimos un tiempo de grandes reajustes de las relaciones entre ambos, porque ya no todo es Estado ni todo es mercado. Estado, mercado, ciudadanía, tienen lógicas distintas, pero que deben tener como idea central el hacer de Nayarit un estado en donde todos podamos vivir mejor. Es decir, donde la gente sea lo más importante.

En este sentido el PED es revelador. Nayarit se encuentra entre los 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano del  país; (indicador generado por la ONU, para medir el nivel de dasarrollo) el 50% de nuestra población gana menos de dos salarios mínimos, (los cuales no son suficientes para cubrir una canasta básica); en los últimos años, a las personas que vivían en pobreza extrema se sumaron 8 mil más.  

Bajo este contexto, reorientar y modernizar las estructuras organizacionales y las acciones del gobierno estatal y los municipales, los qué y los cómo, no sólo es necesario sino urgente. Por ello, en estas notas se plantean algunas ideas para procurar mejores resultados a los que hasta ahora hemos obtenido en el sector público local.

Gerencia Pública (GP), el cambio cultural

Cuando hablamos del Estado, nos referimos no a un estorbo cuyo papel hay que disminuir sino a un protagonista central en la modernización, máxime en un estado como Nayarit, cuya economía depende en mucho de los presupuestos públicos. Al  hablar de GP tenernos que enfrentar un problema cultural. El uso del término GP produce toda una ruptura conceptual, así como cuando nos referimos al ciudadano como cliente del Estado o usuario de sus servicios. A muchas personas les molesta, porque les da la impresión de que si hablamos de gerencia, clientes y usuarios, estamos dejándonos infiltrar por una lógica del mercado e introduciéndola en el Estado. Yo tengo la impresión contraria; creo que el Estado tiene que ser competitivo y debe mostrar su competencia y su eficacia, de otro modo su prestigio irá cada vez más de mal en peor.

El servicio público tiene que legitimarse con mayores grados de competitividad, y debe concebir al ciudadano común como a un cliente y no como a un administrado en relación al cual se puede hacer cualquier cosa. Entonces, el tema de GP es una ruptura, es un cambio cultural. Pero ese vuelco también expresa un cambio de fondo desde un servicio público desarrollado con acuerdo a estatutos y normas, a un servicio público organizado cada vez más de acuerdo a desempeños y productos. Por eso, sostengo que vincular GP con modernización del Estado es tocar propiamente el corazón de la modernización.

Este cambio de la cultura del estatuto a la cultura del desempeño, implica algunas transformaciones extremas. Se requiere modificar profundamente nuestro concepto de inamovilidad, porque si no lo hacemos nos quedaremos sólo en las buenas intenciones. La inamovilidad está vinculada al concepto estatutario. Si no modificamos esto, nadie podrá evitar que la única forma de progresar en el servicio público sea la antigüedad.

Un nuevo concepto salarial

El paso de la cultura del estatuto a la cultura del desempeño involucra también otro concepto de salario, nuevos escalafones y flexibilidad salarial. Debemos salirnos del estrecho margen de la rigidez salarial, porque si a antigüedades iguales corresponden salarios iguales, y si a grados iguales corresponden salarios iguales, seguiremos teniendo plantas muy deformadas en el servicio público.

En el nivel profesional el gobierno paga varias veces menos de lo que el sector privado paga a sus pares, y en el sector menos calificado paga más de los que el sector privado paga a sus homólogos. En este contexto, no hay manera de entender gerencias públicas, modernizaciones y competitividad del Estado. Este problema y el de la inamovilidad laboral están en la médula del anacronismo de algunos asuntos.

Otro aspecto relevante  en materia salarial lo es la necesidad de distinguir entre los sueldos de nuestros representantes políticos y el de los gerentes públicos. Existe una disparidad marcada entre los ingresos que tienen los primeros sobre los segundos, con cargas, obligaciones y responsabilidades muy dispares. Al respecto, necesitamos dar cumplimiento a la obligación constitucional de generar la ley de sueldos del sector público que fije parámetros salariales acordes a las condiciones económicas del estado, y criterios racionales para quienes autorizan los presupuestos. 

El presupuesto como incentivo a la modernización

Vincular la modernización del Estado a GP es también tener otro concepto del presupuesto. La modernización del Estado tiene que estar ligada a la ejecución presupuestaria. Los servicios que se modernizan merecen premios presupuestarios, aquellos que no lo hacen requieren sanciones presupuestarias, y eso supone un concepto completamente distinto del uso del presupuesto. Implica que el gasto se vincule cada vez más a reformas de gestión. Este no es un puro sistema de lógica en el Estado, sino que se relaciona con reemplazar la cultura del cumplimiento de la norma por la cultura del desempeño.  

Tenemos aún bastante que caminar respecto a la vinculación de la cantidad de recursos que se asigna a cada ente público y la calidad de los resultados que éste obtiene. Cada vez más se debe asociar la discusión cuantitativa y cualitativa y, de ese modo, convertir el presupuesto en un incentivo para la modernización.

Vincular la GP a la modernización del Estado implica también otro forma de evaluar a los servidores públicos. Hasta ahora los órganos de control (internos y externos), exigen del director de un servicio bajo su propia responsabilidad un conjunto de operaciones que son por entero contrarias a la gestión moderna–en caso contrario hay procedimiento de responsabilidades, lo que puede traer incluso consecuencias penales-. Mientras no tengamos otro concepto de la evaluación –y esto supone una reforma mucho más sustancial en la Ley de la Responsabilidades de los Servidores Públicos-, no tenemos ninguna probabilidad de concebir al director de un servicio  como a un gerente moderno. A la sociedad no le sirve que se cumplan las formalidades legales del gasto público si ello no se traduce en soluciones tangibles a sus problemas.

Limitar la impunidad burocrática

Finalmente, el concepto de GP debe representar el fin de lo que llamaría la impunidad burocrática ante la ciudadanía. Esta última no tiene manera de reaccionar ante la ineficiencia de quienes somos sus servidores. Y mil discursos sobre modernización se vienen abajo cuando un trámite vital es mal realizado, o cuando el ciudadano termina desatendido por la administración que él mismo financia. Mientras el servicio público sea impune por sus ineficiencias, tampoco la  GP podrá concebirse como lo que quisiéramos, de tal manera que  los gobiernos, estatal y municipales, sean pilares de la modernización de Nayarit.

No podemos pensar en obtener resultados distintos si seguimos haciendo las cosas como se han venido haciendo en los últimos años. Para el gobierno que inicia este sexenio, el PED constituye un paso fundamental para atrevernos a pensar y soñar que en seis años los nayaritas viviremos mejor que como ahora. De eso se trata, ese es el reto. 

 

El autor de este artículo, Raúl Rosales Rosas, experto en administración pública y
derecho administrativo, es Director Jurídico del Organo de Fiscalización Superior

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