>• Se debe convertir esa seguridad pública en seguridad ciudadana; hacia allá deben apuntar las políticas públicas de la actual administración
A través de una estrategia de confrontación, de enfrentamiento, de uso de la fuerza pública, de endurecimiento de las penas y de incremento considerable del estado de fuerza policial (más armas, vehículos y elementos policiacos), la Fiscalía General del Estado, ha logrado erradicar la violencia en las calles, específicamente, los homicidios derivados de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.
No obstante carecer de competencia legal para combatir el crimen organizado, toda vez corresponde al ámbito federal, la estrategia de la Fiscalía General, en cuanto a eficacia, se ha ubicado por encima de la Procuraduría General de la República, el Ejército y la Marina.
Un mérito indiscutible reconocido y apreciado por la ciudadanía, dada la situación inmediata anterior a la actual administración.
En virtud de que la percepción sobre la inseguridad pública está directamente vinculado con los crímenes violentos, la casi desaparición de éstos, ha incidido positivamente en la opinión pública.
En consecuencia, Nayarit, ofrece condiciones de seguridad, paz y tranquilidad para la inversión privada, principalmente en el sector turístico, baluarte de su economía.
No se puede negar la existencia de cuestionamientos ciudadanos en torno al uso y abuso que se ha hecho de la denominada Policía Nayarit, de hechos de corrupción e ineficiencia de la institución, de la violación recurrente de derechos humanos y la presencia significativa del secuestro en la entidad, pero ello, no forma parte del propósito que persigo en esta colaboración.
Lo que resulta innegable es que tenemos un nivel de seguridad pública reconocido por las instancias oficiales de la República y una percepción ciudadana favorable. La pregunta es: ¿Qué sigue?
La constante y continua presentación de presuntos delincuentes a los medios de comunicación, como símbolo de eficacia de las fuerzas policiales ya es parte de la cotidianidad para el ciudadano, ya no tiene el mismo impacto de unos meses atrás.
Inmediatamente liberado el ciudadano de un clima extremo de violencia y vuelto a la normalidad, otras cuestiones son el centro de sus preocupaciones: alimentación, educación, salud, empleo, servicios públicos, etcétera, satisfactores que no están contenidos dentro de un ambiente regular de seguridad pública; entonces lo que sigue es convertir esa SEGURIDAD PÚBLICA en SEGURIDAD CIUDADANA, concepciones distintas. Hacia allá deben apuntar las políticas públicas de la actual administración.
Acorde con estudiosos de este tema, y para efectos de centrarnos en nuestro tema, podemos mencionar las principales diferencias entre seguridad pública y seguridad ciudadana:
1. La seguridad pública se preocupa de construir condiciones para la gobernabilidad, la seguridad ciudadana se concentra en las vivencias de la ciudadanía.
2. La seguridad pública se planifica desde el papel del Estado y sus competencias institucionales. La seguridad ciudadana se define desde las dinámicas sociales que soportan la violencia y el crimen.
3. La seguridad pública se concentra en la eficiencia y efectividad de las estructuras y sistemas de prevención y control de delitos. La seguridad ciudadana se concentra en fortalecer las habilidades institucionales en coordinación con la ciudadanía a nivel local.
4. La seguridad pública parte de la regionalización interna y de la distribución política y administrativa del Estado en los territorios. La seguridad ciudadana parte de la geografía humana, de su dinámica económica, cultural y social.
Es decir, la seguridad ciudadana no implica solamente ausencia significativa del delito, sino la existencia de bases de bienestar social.
Habrá que combatir, con políticas públicas adecuadas los factores de desempleo, pobreza, marginación, discriminación, alcoholismo, drogadicción, factores fuertemente vinculados a la generación de conductas delictivas, para poder arribar a un estadio como lo exige la ciudadanía.
Seguridad ciudadana significa que el ciudadano goza de certidumbre jurídica, de efectivo acceso a sus derechos sociales, de salud, educación, previsión y trabajo, necesarios para asegurar la pacífica convivencia.
La interrogante surge: ¿Habrá capacidad para instrumentar políticas públicas que permitan instaurar un estado que garantice no solo seguridad pública, sino que haga realidad la seguridad ciudadana?
* El autor es abogado y especiaista en seguridad pública
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