Se amparan trabajadores de millones-UAN; temen detención y tortura

  • José Ernesto Robles y Miguel Ángel Perales, a quienes fueron depositados más de 330 millones en conjunto, citaron temor a tortura, incomunicación, amenazas y privación de la libertad.

Tepic.- José Ernesto Robles Delgado y Miguel Ángel Perales Covarrubias, trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) que durante 2015  recibieron depósitos por más de 330 millones de pesos, producto de aparentes pagos e intereses por préstamos requeridos por el ex rector Juan López Salazar, tramitaron juicios de amparo por temor a ser detenidos.

En los juicios de garantías, citaron como autoridades responsables a distintos juzgados locales, además de la Fiscalía General del Estado (FGE) y diversas corporaciones de la misma.

El miedo de Robles Delgado y Perales Covarrubias no es para menos: si bien el escándalo detonó el 15 de noviembre cuando el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) reveló el resultado de su auditoría, ha trascendido que la investigación en torno a los millonarios depósitos y el origen de los préstamos a la UAN habría iniciado meses antes por la Fiscalía General.

MIEDO A TORTURA

Perales Covarrubias, a quien le habrían depositado más de 10 millones de pesos, tramita el número de amparo 2677/2016 en el Juzgado Primero de Distrito Penal en Tepic, mientras que Robles Delgado el 2675/2016 del Juzgado Segundo de Distrito.

Así contó Miguel Ángel Perales al juzgado federal, según consulta de este reportero al respectivo documento:

“…siendo las 11:00 horas del día miércoles 16 de noviembre del año en curso, dos agentes de la Policía Estatal se presentaron a mi domicilio, preguntando por el suscrito, si me encontraba en casa, por lo que, al no encontrarme, ya que me encontraba trabajando, manifestaron que regresarían después, toda vez que preguntaron la hora en la que me podían localizar, así que de nueva cuenta se han estado presentado en mi domicilio para entrevistarse conmigo, razón por la cual considero como probable la existencia de una orden de captura.

“Quiero dejar en claro su señoría, que no tengo conocimiento de algún procedimiento en mi contra, por lo que tengo temor fundado que los agentes de la Policía Estatal me estén buscando para dar cumplimiento a una posible orden de aprehensión que debieron haber girado en mi contra las citadas autoridades judiciales. Motivo por el cual temo que se me prive de mi libertad violándose mis garantías constitucionales, con la finalidad de coaccionarme a obtener una declaración ilegal mediante tortura y amenazas por parte de los agentes de la policía, además de negarme las prerrogativas relativas a la libertad provisional bajo caución, por tal motivo invoco el amparo y protección de la justicia federal”.

En el caso de José Ernesto, a cuyo nombre se efectuaron depósitos por más de 320 millones de pesos, una familiar, al parecer su esposa, inicialmente interpuso el amparo 2636/2016, reclamando posible incomunicación y privación de la libertad, sin embargo, posteriormente “el quejoso manifestó que no era su deseo ratificar la demanda de amparo”, explicó el Juzgado de Distrito a través de una publicación.

Pero inmediatamente después fue presentado el amparo 2675/2016, éste sí ratificado por Robles Delgado y que sigue en curso.

En ambos casos la resolución de amparo podría conocerse a finales de año, una vez celebrada la audiencia constitucional y con base en los informes rendidos tanto por las autoridades judiciales como de la Fiscalía General.

* Esta información es publicada con autorización de su autor.
Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com

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