Gobernadores 2016, entre excesos y corrupción

• Este fue un año negro para los ex mandatarios de al menos 12 estados; en ocho casos hay denuncias penales, en el resto se integran expedientes
 

Ciudad de México.- Todavía a principios de este año eran los hombres más poderosos en sus estados: disponían de presupuestos millonarios, asesores, Congresos locales, partidos políticos y en algunos casos, hasta del Poder Judicial; pero el 5 de junio su suerte cambió: perdieron las elecciones y, con ello, la protección que se presume con la continuidad. Para finales del año, son prófugos de la justicia, están escondidos, amparados o en manos de sus sucesores, quienes evalúan las cuentas pendientes que dejaron.

Su caída se cocinó a fuego lento. A principio de año iniciaron las acusaciones en contra de uno, luego de otro y así crecía la lista de presuntos actos de corrupción en los 12 estados donde había campañas electorales. Los candidatos de oposición hicieron una promesa principal: Encarcelar a los mandatarios para combatir la impunidad y la corrupción.

En esa batalla hubo ataques directos, filtración de documentos y denuncias. Eso, más el humor social y el clero, ayudó. La alternancia en el poder se concretó. De las 12 gubernaturas, el PRI perdió su hegemonía en seis. Incluso, en cuatro estados clave, por ser bastiones históricos: Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango; además de Aguascalientes y Chihuahua —donde ya había gobernado el PAN—.

Cuando los entrantes les quitaron la silla a los salientes comenzó la cascada de denuncias penales, administrativas y públicas que hoy tiene a los ex gobernadores en jaque.

Cuatro son investigados por actos de corrupción: Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo) y Miguel Alonso (Zacatecas).

Además hay cuatro ex mandatarios que este año vieron iniciar o revivir procesos legales en su contra: Guillermo Padrés (Sonora), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Mario Anguiano (Colima) —quienes dejaron de ser gobernadores en 2015—, así como Tomás Yarrington (Tamaulipas), cuya gubernatura concluyó en 2005.

Un caso peculiar es el de Jorge Herrera (Durango), quien dejó el cargo este año y sin un procedimiento legal o penal en su contra, optó por buscar el amparo para evitar ser detenido, mismo que le fue negado por un juez.

A estos nueve ex gobernadores, señalados por desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta nexos con el narcotráfico, podrían sumarse tres más: Gabino Cué (Oaxaca), Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes) y Egidio Torre (Tamaulipas), pues los gobiernos entrantes, de oposición, ya iniciaron la revisión de sus cuentas públicas.

Duarte, el hombre del año

Los resultados de las elecciones del 5 de junio, cuando el PRI por primera vez en 87 años perdió la gubernatura en Veracruz, fue el principio del fin de Javier Duarte de Ochoa. El político, hoy prófugo de la justicia, representa el máximo nivel de corrupción de los gobernadores por los escándalos que protagonizó.

Junto con la derrota del PRI, quedó al descubierto la falta de recursos para pagar salarios, prestaciones, pensiones, jubilaciones e incluso compromisos de proveedores y los más básicos insumos de sectores como salud, seguridad pública y educación. A la par se descubrió una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios del gobierno estatal.

Ante la avalancha de acusaciones, el 12 de octubre Duarte solicitó permiso para separarse del cargo y enfrentar las acusaciones de corrupción; dos días después desapareció. Ahora la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 15 millones de pesos de recompensa a quien dé informes sobre su paradero.

Hasta el momento se han abierto 75 indagatorias contra Duarte, sus socios y prestanombres; 32 fueron iniciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por contratos con empresas fachadas o inexistentes; además, 43 están derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como parte de las investigaciones, la PGR le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades a prestanombres y socios. El PRI, en tanto, lo expulsó de sus filas. Según el actual gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el quebranto al erario supera los 100 mil millones de pesos.

Padrés, el detenido

En contraste, Guillermo Padrés, quien dejó de gobernar Sonora en 2015, sí fue detenido. El panista, a quien su partido le suspendió sus derechos políticos por las acusaciones de corrupción, estuvo prófugo y hasta la Interpol emitió una ficha roja para su localización. Durante su administración fue cuestionado por el manejo de las finanzas públicas y al final del sexenio, los proveedores reclamaban millonarios adeudos; además, el desplome en infraestructura y la calidad de los servicios de salud y educación, aunado al incremento de impuestos, aumentó el descontento social.

Sus posesiones y las de su familia se vieron incrementadas y sometidas al escrutinio público, ya que sus presuntas adquisiciones revelaban grandes inversiones, entre ellas: la construcción de la presa El Titanic en Bacanuchi; un rancho en San Pedro: El Saucito, en la zona rural de Hermosillo, con un área de reproducción equina donde los caballos incluso contaban con aire acondicionado. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ha cateado e investigado 21 ranchos vinculados a Guillermo Padrés, familiares y ex colaboradores. Al término de su periodo, el ex gobernador fue señalado de provocar un quebranto superior a 30 mil millones de pesos.

La PGR logró su detención en la Ciudad de México, el pasado 10 de noviembre, al salir de una entrevista radiofónica; el ex mandatario está acusado de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 8.8 millones de dólares.

Yarrington, el profeta

Quien parece haber profetizado su destino es Tomás Yarrington. El 29 de noviembre de 2004, pronunció una frase que 12 años después se volvió en su contra: “La política es una vitrina donde todo se ve, se sabe, se juzga y se cuestiona”. Era la sesión solemne del Congreso local, en Ciudad Victoria, en la cual Yarrington entregó su sexto informe de gobierno.

Ahora, la PGR ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por él, mientras que el PRI, que lo cobijó por décadas, lo expulsó.

El gobernador comenzó a ser investigado por la PGR desde 2004 por presuntos nexos de narcotráfico y lavado de dinero, antes de concluir su gestión; también es buscado en Estados Unidos. Hasta 2012 oficialmente se convirtió en prófugo de la justicia y este año se revivió el caso, tras la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas.

El cuarto gobernador que enfrenta denuncias penales es el panista Rodrigo Medina, acusado por su sucesor en el gobierno de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderon por ejercicio indebido de funciones y peculado.

El Bronco, quien se convirtió en gobernador en 2015, anunció una serie de acciones contra Medina de la Cruz —investigado en Estados Unidos—, pero hasta el momento sólo está vinculado a proceso por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos. Borge, el vendedor

Otro ex gobernador que enfrenta denuncias es el priísta Roberto Borge (Quintana Roo), a quien el PRI le suspendió sus derechos políticos. Hasta el momento han presentado nueve denuncias ante la PGR y la fiscalía estatal que involucran al menos a 20 personas, incluidos la madre del mandatario y presuntos prestanombres, por rematar 9 mil 500 héctareas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos.

El ex priísta y ahora panista Carlos Joaquín González, actual mandatario, prevé que en total sumarán 20 querellas en su contra. Entre otras, destaca la venta de terrenos propiedad del estado a la madre del ex gobernador a un costo de 137 pesos por metro cuadrado cuando el valor comercial es de 200 dólares, en Cozumel.

César Duarte, el prestamista

También el ex gobernador de Chihuahua César Duarte terminó su encargo envuelto en una serie de escándalos y acusaciones de corrupción, que van desde denuncias penales por enriquecimiento ilícito, hasta facilitar aviones oficiales al fallecido cantante Juan Gabriel para que realizara una gira artística.

De acuerdo con el actual gobernador, el panista Javier Corral Jurado, son 60 expedientes que se integran para presentarlos ante autoridades ministeriales y administrativas a fin de que se la finquen cargos a Duarte.

El caso más sonado hasta el momento, y por el que ya existe una denuncia formal ante la PGR, es por su aportación financiera de 65 millones de pesos a la financiera Unión Progreso, de la cual se convirtió en accionista. De acuerdo con los señalamientos, Duarte depositó más de 80 mil millones de pesos del erario público en dicha institución, a fin de que se capitalizara y pudiera lograr su registro como banco.

Con el Congreso en contra

El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, dice que no terminará como Javier Duarte o Roberto Borge, pues asegura que el déficit financiero de mil 800 millones de pesos que documentó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) por irregularidades cometidas durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 es una herencia de administraciones anteriores.

En junio pasado el Congreso de Colima denunció penalmente a Anguiano Moreno y a cinco de sus ex colaboradores ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la contratación de un crédito por 638 millones de pesos; los acusó de cometer peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsear información ante autoridades no judiciales.

El Osafig ha solicitado a los legisladores imponer a Anguiano Moreno una sanción de 14 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público y una multa de 707 millones 66 mil pesos, equivalentes al daño al erario del que se le responsabiliza directamente.

Sin control ni contrapeso

Para Guillermo Cejudo Ramírez, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los actos de corrupción han alcanzado proporciones desmesuradas en una época donde este tipo de comportamiento es más visible y menos tolerado por la opinión pública, por lo que debe ser prioritaria no sólo la investigación, sino que los resultados tengan consecuencias penales y administrativas.

Comenta que “las legislaturas estatales son quienes nos quedan a deber, porque cualquier presupuesto que pasó un gobernador, cualquier endeudamiento o cualquier ley pasó por las legislaturas y no han funcionado ni para amarrarles las manos ni para llamarlos a cuentas”.

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