Condenan a 40 años al policía-escolta que mató a Adriana Molina

* El policía Pedro Cervantes García aceptó someterse a un procedimiento abreviado, contestando que lo hacía de manera voluntaria, sin amenazas. * A la audiencia asistió María de los Ángeles Vázquez, mamá de Adriana, quien estuvo de acuerdo con la condena.

“Inicia grabación”, se escucha la voz de una asistente de sala oral.

A las 4:25 de la tarde del sábado siete, todo está listo para iniciar la audiencia de juicio abreviado en el expediente 344/2016 por uno de los hechos más dolorosos y de mayor impacto social que ocurrió el año pasado en Tepic: la muerte de la joven Adriana Molina Vázquez, de 19 años, a manos de Pedro Cervantes García, policía municipal de Tepic con funciones de escolta en la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la sala 1, el juez Rodrigo Benítez Pérez da el martillazo de inicio. Están presentes dos agentes ministeriales, un asesor de la víctima y junto a ellos la señora María de los Ángeles Vázquez Venegas, mamá de Adriana. Además de la auxiliar de sala, se encuentra una defensora pública, dos policías estatales asignados a la seguridad del lugar y dos personas como público: una hermana de María de los Ángeles y este reportero.

Y ahí está el escolta Pedro, sentado a una de las mesas junto a su defensora. Lleva puesta una camisa azul con rayas negras y de manga corta. El cabello corto con peinado de lado. Serio, como una seriedad pensativa. A veces habla bajito con su defensora y acepta con movimientos de cabeza.

El juez le pregunta si tiene dudas en cuanto a sus derechos: “ninguna señor”, pronuncia claramente.

Uno de los agentes ministeriales anuncia la solicitud para cerrar el procedimiento ordinario y abrir el procedimiento abreviado. Revela que la FGE pide una sentencia de 40 años de prisión contra Pedro, así como el pago de 369 mil 582 pesos por concepto de reparación del daño.

En la sala hay una sensación de frío: no sólo es el aire acondicionado o la caída de un atardecer en invierno, sino el que, en la acusación formal tuvo que reconstruirse lo sucedido esa mañana del domingo uno de mayo en el departamento 5 del edificio 130 de la calle Quililla, en el INFONAVIT Los Fresnos.

Tuvieron que leerse la versión de testigos que escucharon los gritos de Adriana pidiendo auxilio y de cómo era estrellada contra las paredes, el suelo y la escalera del edificio, y el natural miedo de ellos porque sabían que Pedro siempre estaba armado. “¡Nooo Pedro, ya déjame en paz!”…

Llamaron a la policía y los primeros agentes estatales en llegar fueron recibidos al grito de “¡qué quieren hijos de su puta madre!”, o les hablaba en clave y cortaba cartucho de su pistola.

Se leyó que en el departamento estaba un niño que al llorar motivó que varios agentes ingresaran, en tanto que Pedro se lanzaba por una ventana de ese tercer piso para ser sometido unos minutos después en el patio a ras de suelo.

Y ahí tirada en el departamento 5 quedaba Adriana, inconsciente, trasladada a un hospital y muriendo tres días después.

Mientras el fiscal formula la acusación, a Pedro Cervantes se le ve pensativo a través de su perfil izquierdo, sin voltear con el agente ministerial, separados unos seis metros.

Salvo la voz acusatoria, hay un silencio en la sala, sólo roto por un funcionario administrativo que cumple diversos encargos: entra, realiza lo suyo y se va.

La mamá de Adriana contaría de ese dominio asfixiante de Pedro sobre su hija, a la que le llevaba 17 años: de tenerla controlada y de golpearla, de marcarle por teléfono a todas horas y de exigirle una explicación si no le contestaba.

Concluida la acusación, el juez Rodrigo Benítez procedió a explicar, primero a la señora María de los Ángeles, el alcance del procedimiento abreviado, que acelera la conclusión de un asunto mediante la decisión del acusado, que renuncia a un juicio oral, es decir, a defenderse mediante la aportación de pruebas.

Le explicó que las sanciones se acuerdan entre las partes y que ella podía estar de acuerdo o bien oponerse. Si fuera lo último, él como juez analizaría si la oposición tenía fundamento o no.

La señora respondió estar informada sobre el procedimiento abreviado y se pronunció de acuerdo en el mismo.

A continuación, dirigiéndose a Pedro Cervantes, el juez añadió que irse al abreviado significaba aceptar el delito, la sentencia. Luego le hizo diversas preguntas respecto a si había sido informado sobre ello: “si”; si renunciaba al procedimiento ordinario: “si”; si aceptaba el procedimiento abreviado: “así es”; si aceptaba la responsabilidad en el delito, la sentencia: “si, si”; si lo hacía de manera voluntaria, libre, sin presiones: “así es”.

La defensora pública hizo una manifestación en cuanto a que no encontraba beneficios a favor de Pedro al aceptar el abreviado. Es decir, esperaría una pena menor.

Cerrado el procedimiento ordinario y abierto el abreviado, el agente ministerial insistió en la pena de 40 años de prisión, aceptados por el acusado con diversas agravantes en el homicidio calificado: premeditación, alevosía, ventaja, traición, ensañamiento, misoginia. “…es lo que le reprocha el Estado”, le explicó el juez Benítez Pérez.

Pudo tratarse de una percepción errada de este reportero, pero a través de ese perfil izquierdo se le vio a Pedro llevarse una mano a los ojos, uno y el otro, como cuando alguien se quita una lágrima.

Cuestionada en la parte final de la audiencia, la señora María de los Ángeles pidió que en la sentencia se le considere una víctima del delito. Y también solicitó copia del audio y video de la audiencia. Se le concedió.

A su vez, Pedro respondió sobre si tenía una última opinión: “ninguna”.

Además del dolor que representó este caso, también debería dejar una enseñanza a altos funcionarios públicos que, en el afán de intentar calmar los reclamos realizan declaraciones y dan por hecho sentencias como si fueran jueces, lo que después genera confusiones. Si de por si los juicios orales van iniciando, de nada sirve que se anuncien sentencias adelantadas que no serán cumplidas.

“¡Que clase de gobierno tenemos!”, le reclamaron unas personas al gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el pasado tres de mayo al salir de un evento por el Día de la Libertad de Expresión.

“No va salir nunca”, se comprometió erróneamente el titular del Poder Ejecutivo, e intentó apuntar los reclamos en otra dirección: “…él era policía municipal”.

Se escuchó la voz de una señora:

- ¡A ver, prima de Adriana, ¿era municipal o era –policía- Nayarit?!.

- ¡Era escolta de Veytia! –se escuchó la expresión de una muchacha, en referencia al fiscal General de Justicia-.

- Pero está detenido. No es un tema de policías, es tema de personas –completó el gobernador-.

El sábado siete ya había oscurecido cuando finalizó la audiencia, un ejemplo más de un día pesado y de la sobrecarga que enfrentan quienes laboran en los juicios orales.

Para entonces fue llamado a la sala un tercer policía, alto y fornido. Él y uno más, cada cual por un lado, levantaron la silla donde estaba Pedro y se lo llevaron de la sala. Desaparecieron detrás de una puerta. De ahí a la penal de Tepic. La escena podría contestar sobre el estado físico de Pedro.

A la sala no llegó el llanto del niño de tres años, hijo de Adriana y de Pedro, y que se quedó afuera con un familiar mientras María de los Ángeles permanecía en la audiencia.

“¡Mamá, mamá!”, le lloraba afuera para no apartarse de ella.

Sí, es su mamá.
 

* Esta información es publicada con autorización de su autor.
Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com

 

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