>La evidente falta de resultados, más que el proceso de depuración de la PGR, originó la renuncia de 21 delegados. Ha trascendido, además, que algunos no pudieron comprobar sus ingresos y que otros más están siendo investigados por diversas irregularidades.
La falta de eficacia en la PGR se refleja en la encuesta que ella misma se mandó a hacer el año pasado: sólo es aprobada por 28% de la población y es de las dependencias con peores calificaciones en nuestro país. El principal problema que se “autodescubrieron” es la corrupción y la falta de transparencia.
Desde que Marisela Morales asumió el cargo ha intentado revertir esta situación, por ejemplo: ha destituido a más de 500 personas en sus encargos por motivos tan variados que van desde la negativa a acatar órdenes y ser reasignados a otra plaza, hasta por mala calificación en los exámenes de control de confianza; por vínculos con la delincuencia e, incluso, por reportarse a trabajar en evidente estado de ebriedad.
Es evidente que por fin existe una estrategia por limpiar la casa de malos funcionarios; sin embargo, eso no basta para que los ciudadanos tengamos una verdadera procuración de justicia. Se tiene que pensar seriamente en el rediseño de la institución.
Personalmente, cuando tengo que dar seguimiento a un caso con ellos, seriamente pienso que no sucedería en México nada diferente si cerramos la PGR hasta rediseñarla. Pero como esto no va a suceder, o por lo menos no hasta pasado el 2012, es necesario que sentemos las bases para no generar más impunidad y poder trabajar de manera coordinada con las entidades de la República.
La actual estrategia de reacción directa contra los delincuentes de poco sirve si en los hechos los ministerios públicos, federales y locales, no pueden o no les da la gana integrar una averiguación previa sólida, que acuse a quienes cometen delitos sin fabricar presuntos culpables.
La procuración de justicia en México está en grave crisis desde hace mucho tiempo y, como sociedad, no hemos podido lograr que se transforme de manera positiva para nuestro beneficio; por el contrario, los delincuentes muchas veces se vuelven expertos de sus fallas y las utilizan para su beneficio.
Decidamos entonces si se quiere o no implementar bajo estas condiciones el nuevo sistema penal acusatorio, pero lo que no podemos dejar de hacer es profesionalizar a los servidores públicos.
Es urgente evitar las vergüenzas jurídicas de no poder acreditar ante los jueces las acusaciones. Los ciudadanos ya estamos cansados de que detengan a alguien, lo presenten a los medios como “el más buscado” o “el más peligroso”, lo arraiguen, lo consignen y que finalmente un juez lo libere porque el MP no hizo bien su chamba.
La justicia a la mexicana y la improvisación ha hecho mucho daño a la seguridad, lastima a las víctimas y ha hecho que muchos pierdan la confianza en las instituciones.
De la misma forma, ante el nivel de violencia criminal que se vive en distintas regiones, ni Federación ni estados están en condiciones de designar a cualquier funcionario en el área de procuración y seguridad así como tampoco esconder, posponer o pasar por alto los procesos de certificación sólo porque son sus cuates o aliados. Me parece que están obligados a dignificar el servicio público y transparentar los criterios de designación de sus funcionarios más allá de limitarse a cumplir lo que estipula la ley correspondiente.
La transparencia en la procuración de justicia puede ser una aliada importante para la misma dependencia y no una piedra en el zapato de sus funcionarios. A decir del IFAI, en 2010 la PGR fue la institución más reticente a proporcionar información, lo cual es lamentable porque pareciera que la opacidad es la que mandata la procuración de justicia, y eso contribuye a que la mayoría de mexicanos evaluemos negativamente a esta institución.
Finalmente me parece que los funcionarios están obligados a dejar de dar excusas y ponerse a trabajar. Aquí no vale el “perdón” o “me equivoqué”.
Lo que vale es hacer efectiva la rendición de cuentas y ésta es responsabilidad de todos los ciudadanos. Lo que debe quedar claro entonces es que esta limpia de personal responde a su mal desempeño y alejar cualquier pretensión de usar a la institución en una estrategia de política con miras a la siguiente elección presidencial, lo cual sería muy desafortunado.
Comentarios: me.morera@gmail.com
(La autora es Presidenta de Causa en Común A. C.)
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