>La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó a la directora general de PMI Comercio Internacional S. A. de C. V., María del Rocío Cárdenas Zubieta, por un periodo de 10 años para trabajar en el gobierno federal, y le impuso una multa por 283 millones, 942 mil pesos.
Además, la dependencia sancionó a otros tres directivos: al gerente comercial de Gasolinas y Componentes de PMI con destitución, inhabilitación por 10 años para trabajar en el gobierno federal y multa por 12 millones, 35 mil pesos, al encargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI con destitución, inhabilitación por 10 años para trabajar en el gobierno federal y multa por 85 millones, 65 mil pesos y al subdirector comercial de Gasolinas y Componentes de PMI con destitución, inhabilitación por 10 años para trabajar en el gobierno federal y multa por 170 millones, 683 mil pesos.
Luego de una investigación a la Subdirección de Gasolinas y Componentes de PMI, la dependencia detectó que los directivos sancionados autorizaron un descuento, excesivo e injustificado, en la venta de gasolina cóquer, a favor de las dos empresas de compra-venta de hidrocarburos más grandes del mundo: Trafigura y Gunvor. Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, explicó que el daño ocasionado a PMI Comercio Internacional fue por un millón 750 mil dólares, mientras que el perjuicio a la paraestatal fue de 24 millones de dólares.
Por ello, la dependencia giró la instrucción a Pemex para que presentara una denuncia penal en contra de los servidores públicos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Los cálculos de la SFP se basaron después de que se hiciera un cálculo a partir de la diferencia entre los ingresos por la venta y los costos del combustible y la venta del mismo. Si PMI hubiera vendido la gasolina cóquer a precio de mercado –y no como se hizo a precio casi regalado—habría percibido alrededor de 24 millones de dólares, por lo que el perjuicio es equivalente a dicha cantidad.
Vega Casillas dio a conocer la investigación en la cual no se encontró evidencia de que el descuento otorgado por los directivos sancionados sustente la diferencia de calidad entre la gasolina cóquer y la gasolina reformulada, similar a la que se distribuye en la zona metropolitana de México, como debería haber ocurrido. Los implicados no tuvieron argumentos, ni pruebas para justificar los descuentos que hicieron a las empresas antes mencionadas.
La entonces directora comercial de Refinados omitió informar con detalle el estado de pérdidas y ganancias reales y los resultados de las operaciones comerciales al Comité Interno de PMI. En la investigación también encontraron otras irregularidades como las operaciones de compra-venta de gasolina cóquer: la falta de oferta del producto a diferentes clientes, así como la ausencia de estrategias y de actividades adecuadas de comercialización.
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