>Cochabamba.- La 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que iniciará hoy en Cochabamba, Bolivia, podría ser clave para el futuro de la defensa de las garantías en el hemisferio, ante la intención de un grupo de países encabezados por Ecuador, Venezuela y Nicaragua de poner en la mesa de discusión una eventual reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, para restarle atribuciones.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en entrevista con EL UNIVERSAL, advirtió sobre la existencia de la campaña que desde hace meses promueven estos países, en un intento por debilitar a la CIDH y a la Relatoría Especial, en reacción a las resoluciones en las que el organismo ha denunciado las violaciones a los derechos de ciudadanos en estas naciones, y molestos con la supervisión internacional.
El experto alertó que “en Cochabamba podría consolidarse esta avanzada y literalmente neutralizar la capacidad de acción de uno de los mecanismos más eficaces de protección de derechos humanos de las Américas que, sin exagerar, es la envidia de otros sistemas regionales, y que con sus medidas cautelares ha salvado cientos de vidas de defensores, líderes indígenas y periodistas bajo amenaza de grupos violentos o por las propias autoridades estatales”.
Incómodos con el escrutinio de la CIDH, los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Nicaragua han movido sus piezas para anular el papel que desarrolla en el continente en materia de protección a los derechos humanos.
Vivanco detalló que como parte de la estrategia se logró que en un grupo de trabajo dentro de la OEA y después en el Consejo Permanente de la organización se aprobaran “recomendaciones” a la CIDH, dirigidas en el fondo a minar su capacidad para ordenar medidas cautelares y para realizar informes especiales de países como los que ha hecho sobre Venezuela, Colombia, Honduras o Cuba, medidas que impactarían además de forma directa las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Fue esta misma Relatoría Especial que encabeza Catalina Botero la que evidenció los abusos cometidos en Venezuela contra la libertad de expresión, la falta de independencia judicial y la violencia en el país, así como las violaciones a las garantías de periodistas en Ecuador, naciones que ahora pretenden restarle facultades que le han permitido litigar con éxito casos de periodistas procesados por cumplir con su función o lograr justicia para defensores que han visto vulnerados sus derechos.
A estos países se han sumado —aunque de forma velada— Colombia y Brasil, “motivados por los pronunciamientos de estos órganos a favor de los derechos humanos de los habitantes de dichos países, incómodos con decisiones de la Comisión”, advirtió el experto.
Sin embargo, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y México, entre otros, han desactivado por el momento esta amenaza, ya que en una sesión del 25 de enero pasado refrendaron que la CIDH es un organismo autónomo e independiente, por lo que era su decisión adoptar o no las recomendaciones emitidas por el Consejo Permanente de la OEA. La CIDH respondió que algunas de estas recomendaciones eran viables y ya se están cumpliendo, pero sobre las que debilitan su funcionamiento señaló que deben ser discutidas en la OEA y con la sociedad civil.
Ecuador propuso que el asunto sea discutido en la Asamblea General de Cochabamba —que se realizará del 3 al 5 de junio—, y al parecer los países a favor de la reforma presentarían un proyecto de resolución que obligaría a la CIDH modificar sus atribuciones. Mientras que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, propuso que sea la Asamblea General la que discuta y, en su caso, acepte reformar las normas que regulan a la CIDH.
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