>Buenos Aires.- Los productores agropecuarios arrancaron ya con una huelga de nueve días que este lunes paralizó las actividades del sector prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires, en reclamo por la presión fiscal del gobierno, lo que llevará a que hoy martes las organizaciones que integran la Mesa de Enlace, extiendan la protesta a todo el país.
La protesta, que arrancó el sábado por nueve días en principio, se sintió este lunes con fuerza en todo el territorio bonaerense y principalmente en los centros de acopio. Sólo seis camiones con 197 vacunos ingresaron ayer lunes al Mercado de Hacienda de Buenos Aires, en este primer día hábil de un nuevo conflicto del gobierno con el sector.
Alberto Frola, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, reclamó que la huelga “se nacionalice” porque esto mismo le terminará ocurriendo a los productores de todo el país.
El conflicto se desató después de que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decretara el aumento de los impuestos a los inmuebles rurales en más de un mil por ciento. Todo por presión del gobierno nacional ante la negativa a girarle los fondos que necesitaba para cumplir con el pago de la nómina de los burócratas provinciales y, por extensión en los municipios donde la situación social comenzaba a complicarse.
Fuentes de la Mesa de Enlace aseguraron a este diario que “hay quórum para mañana (martes) extender la protesta a todo el país”, en lo que amenaza con ser la “remake” del enfrentamiento del 2008.
Detención por trenazo
El propietario de la empresa Trenes de Buenos Aires, Claudio Cirigliano, que hasta el viernes controlaba el servicio de las ex líneas Sarmiento y Mitre, quedó detenido ayer por orden del juez federal Claudio Bonadio, que investiga al tragedia en la que el pasado 22 de febrero perdieron la vida 51 personas.
Bonadio adoptó la decisión al considerar que el empresario interfirió en la investigación del choque del tren de Once. También fueron detenidos otros tres directivos de la empresa a la que el gobierno recién el viernes le quitó la concesión del servicio, una forma de admitir las responsabilidad de la empresa en el accidente.
En tanto el gobierno argentino finalizó este lunes el proceso de toma de control de la nacionalizada petrolera YPF al nombrar en una asamblea de accionistas nuevos miembros para su directorio y a su presidente ejecutivo, aunque su antiguo dueño, el grupo español Repsol, logró mantener un asiento en el organismo. Una jueza de Argentina dispuso la no disponibilidad de los fondos que la española Repsol pudiera percibir en compensación por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
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