>Washington.- La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falló este lunes en contra de los aspectos más polémicos de la ley antiinmigrante de Arizona SB1070, pero dejó vigente la disposición que permite a los policías solicitar documentos migratorios a quienes sean detenidos o arrestados por alguna infracción y se sospeche que están ilegalmente en el país.
Por una votación de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal resolvieron invalidar tres disposiciones: la que obligaba a portar documentos migratorios, pues se consideraba delito no tener un registro federal; la que convertía en crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo y la que permitía arrestar a sospechosos de estar en situación migratoria irregular, sin una orden de arresto.
Asimismo, se reafirmó la potestad del gobierno federal en la regulación de la migración.
“Estoy satisfecho por el hecho de que la Suprema Corte haya eliminado provisiones clave de la ley migratoria de Arizona”, celebró el presidente Barack Obama. “Sin embargo”, agregó, “Estoy preocupado por el impacto de la provisión que permite a los agentes de la ley comprobar el estatus migratorio de quienes sospechan están ilegalmente en el país”.
Para la mayoría de los analistas, en términos absolutos la decisión de la corte marca una victoria para la administración de Obama y una derrota para el gobierno de Jan Brewer en Arizona (aunque la gobernadora dijo este lunes a periodistas que el fallo es un triunfo para el estado).
No obstante, los expertos reconocen que el hecho de que haya sobrevivido la provisión que permite a la policía estatal solicitar documentos bajos el principio de la “duda razonable” para comprobar el estatus migratorio de detenidos o arrestados es una medida que invita al perfil racial. La Corte Suprema precisa que la policía tiene, no obstante, una autoridad limitada, pues siempre tendrá que checar con agentes de inmigración federales antes de decidir la detención formal e inculpación criminal de los sospechosos.
Al respecto, este lunes el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que no enviará agentes a recoger inmigrantes indocumentados detenidos por las policías de Arizona, a menos que la persona plantee riesgos de seguridad nacional.
- Temen perfil racial
Organizaciones defensoras de inmigrantes expresaron su temor de que la provisión siga permitiendo la detención de personas a partir de su perfil racial. “Esta provisión de ‘muéstrame tus papeles’ llevará a detenciones por motivos de raza o por la forma en que la gente habla, independientemente de que sean o no ciudadanos de EU”, consideró, de acuerdo con información de agencias Angela Kelly del Center For American Progress (CAP), en postura compartida por expertos del Centro de Derechos Constitucionales.
La decisión de la Corte reconoce la autoridad constitucional del gobierno federal en el control de la migración en todo el país y le dota de mayores argumentos y razones judiciales en la disputa que mantiene frente a otros gobiernos estatales, como Alabama, Carolina del Sur y Utah. “La resolución reafirma la supremacía del gobierno federal en el capítulo migratorio y relaciones exteriores. La opinión del juez Kennedy es un fuerte pronunciamiento para que los estados no desplieguen su propia política migratoria”, consideró Michael Dorf, experto en derecho constitucional de la Universidad de Cornell.
El fallo es una victoria para Obama, pero supone un revés para el virtual candidato republicano, Mitt Romney, quien había considerado a la polémica ley SB1070 como una legislación “modelo”. “Creo que cada estado tiene la obligación y el derecho de resguardar nuestras fronteras y el imperio de la ley, particularmente cuando el gobierno federal no ha cumplido con sus responsabilidades”, dijo Romney en un comunicado, en el que subrayó la necesidad de elegir a un presidente que “trabaje de forma bipartidista hacia una estrategia de inmigración nacional”.
La oficina del gobernador de Alabama, Robert Bentley, analiza la decisión de la Corte para ver qué impacto tendrá sobre una legislación similar en ese estado. Consideró que el fallo respalda la idea de que los estados pueden determinar en forma autónoma cómo hacer valer sus leyes.
- México lamenta
El gobierno de México lamentó que la Suprema Corte dejara vigente la sección de la SB1070 que permite a la policía comprobar sin motivo aparente la identidad de los inmigrantes.
“No obstante, el Gobierno de México lamenta que la Corte no haya encontrado, en principio, elementos para declarar inconstitucional la sección 2(b) de la SB1070 en función de la preeminencia de la ley federal. Esta sección faculta a las autoridades estatales en casos de detención o arresto a verificar, bajo ciertas circunstancias, la condición migratoria de las personas”, indicó el comunicado de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con la SRE, “desde abril de 2010, México señaló, que la ley SB1070 y otras similares no reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus comunidades de destino. Por el contrario, este tipo de leyes conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades. La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visitan estados donde han entrado en vigor”.
Asimismo la cancillería señaló que México seguirá apoyando proyectos que complementen las economías y mercados laborales de América del Norte, para así promover bienestar y competitividad en la región.
“El Gobierno de México seguirá abogando por la adopción de esquemas que reflejen la complementariedad de las economías y mercados laborales de América del Norte. Para impulsar el bienestar, la prosperidad y la competitividad en la región, los flujos migratorios deben ser legales, seguros, ordenados, y respetuosos de los derechos humanos. Asimismo, trabajando con actores políticos y organizaciones de la sociedad civil estadounidense, se continuará promoviendo una visión objetiva y respetuosa de las comunidades mexicanas en Estados Unidos.
Por último el comunicado señala que se “continuará instrumentando todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance para defender los derechos fundamentales de los mexicanos en ese país, sin importar su condición migratoria”.
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