>Ciudad de México.- El gobierno federal evitó que cuatro directivos de Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) realizaran un fraude que hubiera provocado a esta institución un daño patrimonial por más de 110 millones de pesos.
El trabajo coordinado, por parte de las secretarías de la Función Pública (SFP), de Gobernación (Segob), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), impidió esa grave afectación al erario.
Los servidores públicos involucrados ya fueron separados de sus cargos y el área jurídica de Pronósticos para la Asistencia Pública presentó una denuncia penal ante la PGR.
La PGR ha establecido hasta ahora la presunta responsabilidad penal de:
- Los cuatro servidores públicos de PAP
- Dos particulares de una empresa proveedora
- Y seis personas más vinculadas al caso que, igualmente, intentaron defraudar a la entidad pública.
Antes y durante la celebración del sorteo Melate 2518, el 22 de enero pasado, dichos servidores públicos involucrados cometieron diversas irregularidades.
Los implicados ocupaban los cargos de Director de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos; subdirector de Concursos y Sorteos; Coordinador Profesional Ejecutivo y otro servidor público, los dos últimos adscritos a la Subdirección General de Concursos y Sorteos.
Además están bajo investigación, por parte de PAP, la Coordinadora Técnica y Jurídica, dos empleados adscritos a la Subdirección General de Informática; dos jefes de Departamento de Seguridad y Vigilancia.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, separó de sus funciones como interventora a la servidora pública que supervisó el sorteo señalado, con el fin de agilizar las investigaciones.
En paralelo, las autoridades adoptaron varias acciones preventivas, entre ellas:
• El aseguramiento las cuentas bancarias de los cuatro presuntos responsables, por un monto acumulado de más de 110 millones de pesos, con lo que se evitó que usaran recursos sustraídos ilegalmente de la institución.
• En materia administrativa, la SFP inició investigaciones y procedimientos de responsabilidades a diez servidores públicos federales, por sus diversos grados de participación en los hechos.
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