Ciudad de México.- Autoridades civiles acusarán por homicidio a tres soldados que participaron hace tres meses en una confrontación que dejó a 22 presuntos delincuentes muertos en un anuncio que generó de inmediato suspicacias entre algunos expertos de seguridad.
El procurador general, Jesús Murillo Karam, dijo que un total de ocho militares inicialmente se enfrentaron a un grupo criminal por entre ocho y 10 minutos en una bodega de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y que luego tres soldados entraron al lugar a disparar sin que tuvieran justificación.
Murillo aseguró que los tres soldados "realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna", por lo cual decidió que serán acusados por homicidio en torno al incidente ocurrido el 30 de junio.
Esta versión echa por tierra el recuento inicial del ejército de que los sospechosos murieron en una confrontación y que organismos como la ONU han advertido que podría ser un caso de ejecuciones sumarias.
"¿No te parece extraño que ocho militares se enfrentaran a 22 civiles y todos los muertos estén del lado con superioridad numérica? ¿Era una unidad de Rambos? ¿O los civiles (presuntos delincuentes) estaban desarmados", dijo a The Associated Press Alejandro Hope, analista independiente de seguridad y ex funcionario de la agencia de inteligencia mexicana.
El ejército reportó inicialmente que 22 presuntos delincuentes murieron y un soldado resultó herido luego de que supuestamente respondieran a una agresión del grupo que se encontraba en una bodega.
Sin embargo, una mujer que afirma haber estado en el lugar de los hechos, dijo hace unos días a la AP que sólo una persona habría muerto en el tiroteo inicial y que luego los soldados mataron a los 21 restantes cuando ya se habían rendido, incluida su hija de 15 años, Erika Gómez González, quien yacía herida en el suelo.
Murillo Karam no dijo si las personas que estaban en la bodega se habían rendido, o no. La madre había dicho que salieron con las manos en la nuca con la promesa de que su vida fuera respetada.
En una breve conversación, la testigo dijo el martes a la AP que "la mayoría (de los soldados) participó" en los presuntos asesinatos, aunque comentó que no recordaba cuántos militares estuvieron ahí.
Para Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, es factible que tres soldados mataran a la mayoría de los presuntos delincuentes, sólo en la hipótesis de que la pandilla no tuviera mucho armamento.
"Pero entonces eso es peor para el argumento del ejercito porque quiere decir que estaban muy mal armados los otros y los mataron con ventaja y alevosía", dijo.
En un comunicado del 30 de junio el propio ejército informó que tras la confrontación se decomisaron a los presuntos delincuentes 25 armas largas, 13 cortas y una granada de fragmentación.
El diario nacional La Jornada publicó el viernes pasado varias fotografías de cuerpos ensangrentados, supuestamente tomadas justo después de un tiroteo en las que aparecen investigadores y militares en el lugar donde ocurrió la supuesta confrontación entre el Ejército y presuntos delincuentes.
Todos aparecen con rifles de asalto a su lado o tomados de las manos, algunos de los cuales parecen haber sido puestos en contra sus cuerpos.
El relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, pidió la víspera a México realizar una investigación a fondo en torno a la muerte de los 22 presuntos criminales, ante la posibilidad de que se trate de un caso de "ejecuciones sumarias".
La semana pasada, un teniente y siete soldados fueron detenidos acusados de violar normas castrenses y fueron recluidos en una prisión militar de la capital del país.
Los ocho habían participado en los hechos del 30 de junio en San Pedro Limón. Son tres de esos soldados los que serán acusados de homicidio. El procurador también dijo que se mantendrá la investigación para fincar posibles cargos al resto del convoy militar.
El procurador dijo el miércoles que solicitará a un juez civil la orden de aprehensión contra esos soldados por el homicidio, que serán juzgados por la justicia penal civil, no militar. La Procuraduría General es la entidad encargada de adelantar la investigación penal en México.
Recientes reformas legales establecieron que los militares que cometan delitos contra ciudadanos serán juzgados exclusivamente por tribunales civiles y no castrenses, en un cambio histórico que por años habían demandado grupos civiles nacionales e internacionales.
En julio, la Procuraduría del estado de México emitió un comunicado diciendo que no había encontrado pruebas que señalaran la ocurrencia de una posible ejecución extrajudicial y que, por el contrario, había encontrado evidencia balística de que hubo un fuego cruzado.
El gobierno estatal se negó a revelar las autopsias de los fallecidos que la AP solicitó bajo en una petición, amparada por la ley de transparencia, y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado por nueve años.
La Procuraduría General había dicho que no había encontrado pruebas que corroboraran el relato de la testigo pero luego abrió una investigación para determinar si se respetaron los derechos humanos en la supuesta confrontación entre militares y presuntos delincuentes.
Pero la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Nueva York que la Procuraduría debía adelantar la investigación y responder a todas las preguntas que ha suscitado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también efectúa su propia pesquisa.
Deja tus comentarios