Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó imponer sanciones al PRI como responsable indirecto de las infracciones que, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), cometió el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, durante las pasadas elecciones locales.
El pasado 19 de septiembre los magistrados del Tribunal concluyeron que el mandatario infringió la Constitución al pretender incidir en el voto de los ciudadanos con sus declaraciones, en las que dijo que “grupos delictivos de la entidad se reagruparon en partidos distintos al suyo”.
Los consejeros del INE, que debatieron tres horas el acatamiento de la Sentencia del TEPJF, declararon infundada la imposición de sanciones al gobernador y al PRI, como responsable indirecto de la conducta de su militante, modalidad conocida como culpa in vigilando.
Respaldaron la imposición de sanciones al PRI, estimadas en 3 mil 300 días de salario mínimo (221 mil 991pesos) Lorenzo Córdova, consejero presidente, además de Pamela San Martín, Javier Santiago, Arturo Sánchez y Ciro Murayama. En contra votaron seis consejeros: Benito Nacif, Enrique Andrade, Beatriz Galindo, Adriana Favela, Marco Antonio Baños y Roberto Ruiz.
Solo el consejero Javier Santiago Castillo pidió dar vista al Congreso de la Unión para establecer sanciones a Sandoval.
En cambio, por unanimidad el pleno del INE aprobó dar vista del asunto al Congreso del estado de Nayarit para que proceda a imponer la sanción que corresponda al gobernador, a quien el TEPJF declaró responsable de violar la Constitución.
El caso había sido descartado hace unas semanas por el INE, pero por orden del Tribunal volvió a analizarlo, y en medio de la discusión el representante del PRI, Antonio Hernández Fraguas decidió salirse.
Por el PRD, el diputado Fernando Belaunzarán y el representante Camerino Márquez, por el PAN Francisco Gárate y por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Horacio Duarte, intentaron cambiar la correlación de votos, pero no lo consiguieron.
Sin embargo los consejeros no se pusieron de acuerdo sobre los alcances de la sentencia, ni hubo criterio unificado respecto a si la responsabilidad de un partido por las infracciones de sus militantes aplican también para sus gobernantes o dirigentes, como es el caso del mandatario.
El consejero Arturo Sánchez recordó que fue el TEPJF el que ordenó imponer las sanciones porque si bien con la conducta del mandatario no se acreditó calumnia, ni uso de recursos públicos, se pidió al INE determinar sanción por la corresponsabilidad del PRI con la conducta denunciada.
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