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El gobierno de Estados Unidos no cesará hasta que el líder del extinto cártel de Guadalajara sea reaprehendido y extraditado para que responda por la muerte de Enrique Camarena
Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos no acepta la versión de quien fuera uno de los narcotraficante más poderosos de México, el líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien recientemente negó en una entrevista con la revista Proceso, que se dio desde la clandestinidad, que él no tenía ninguna responsabilidad en la muerte el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985.
Según publica la misma revista Proceso en su más reciente edición, un alto agente del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, ni la Agencia Nacional Antidrogas, conocida como DEA por sus siglas en inglés, ni el propio gobierno de Estados Unidos cesarán en su empeño de que Caro Quintero sea reaprehendido y extraditado a la Unión Americana para que enfrente los cargos que se le imputan en aquel país.
“Él participó en la tortura, ordenó el secuestro y asesinato de Kiki (refiriéndose a Enrique Camarena); tenemos evidencias, grabaciones, testigos”, sostiene el funcionario de una de las agencias federales más importantes de Estados Unidos, quien aceptó la entrevista bajo la condición de que no se revelara su identidad. “No, no vamos a descansar; seguiremos insistiendo en su captura y extradición”, dice Proceso según las declaraciones del entrevistado.
El gobierno norteamericano asegura haber entregado a las autoridades mexicanas copia de una cinta en la que se escucha la voz de Caro Quintero interrogando a Camarena en una casa de la calle Lope de Vega, en Guadalajara.
Sostienen que versiones de testigos protegidos, algunos de ellos miembros del cártel que comandaba Caro Quintero, han asegurado que el secuestro y ejecución del ex-agente de la DEA había sido ordenado por el narcotraficante mexicano, quien se encuentra prófugo de la justicia luego de que fue liberado por un Tribunal del estado de Jalisco por un vacío legal y por el que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que ayude a su captura.
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