>San Cristobal Casas.- La organización civil Las Abejas aclaró que no están en contra de que se juzgue al ex presidente Ernesto Zedillo por la masacre de Acteal, pero tampoco que la demanda se centre contra una sola persona, ya que también se debe castigar a ex funcionarios federales y estatales.
En un comunicado, la organización establece que no quiere la demanda en contra de una persona, cuando fue un crimen de Estado, producto de una política que aún no ha cesado en Chiapas.
Las Abejas considera que no tienen duda que el crimen “fue planeado desde los tres niveles de gobierno”: municipal, estatal y federal, y el poder militar “para acabar con las organizaciones que defienden sus derechos”.
Y como testigos, los sobrevivientes y familiares de las 45 víctimas pueden asegurar que los autores materiales fueron indígenas tzotziles ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el extinto Partido Cardenista.
Entonces, explica, no hay duda que desde el PRI se planeó la masacre y los asesinatos de “muchos compañeros indígenas” no sólo en el municipio de Chenalhó, sino en varia partes del país. Sin embargo, fue el Partido Acción Nacional (PAN) el que se encargó de sacar de la cárcel a los paramilitares, mientras que el gobierno de Chiapas, emanado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), “los premió al salir con vivienda, tierra y una buena cantidad de dinero”, indica el documento.
Respecto a la petición de inmunidad que realizó el ex presidente Ernesto Zedillo en la Corte de Connecticut, Estados Unidos, la organización considera que “nadie puede estar por encima de la ley”, mucho menos él, “que está manchado de sangre”. Respecto a la demanda contra Zedillo, los indígenas tzotziles consideran que es “absurdo y sospechoso” que los demandantes sean anónimos, ya que los nombres de las víctimas y sus familiares son públicos y aparecen en los expedientes e informes de organismos defensores de los derechos humanos.
Aclara que no apoyan la demanda independiente en contra de Zedillo, ya que lo que buscan es justicia, no nada más que se castigue a una persona, sino que satisfaga a la comunidad que ofendió. Pidió al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, una explicación por la desaparición de la Fiscalía Especial para Acteal, organismo que se “pagó con dinero público o sea con nuestros impuestos”.





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