>México.- Las bancadas del PRI y PVEM presentaron este jueves formalmente la iniciativa para crear la comisión nacional de anticorrupción, que promueve el presidente electo, Enrique Peña Nieto, a través de estos dos grupos parlamentarios en el Senado de la República.
De acuerdo con la iniciativa, esta comisión sólo podrá sancionar a los funcionarios que incurran en faltas administrativas, y no podrá ejercer la acción penal cuando encuentre actos presumiblemente constitutivos de delito, se deberá enterar al Ministerio Público y coadyuvar en la investigación.
Peña pidió a los senadores priístas y del Verde hacer todo lo posible para lograr esta reforma constitucional antes de que concluya este periodo de sesiones.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, que preside el priísta Raúl Cervantes Andrade, y a la de Estudios Legislativos primera, presidida por el panista Raúl Gracia.
De esta manera, PRI y PVEM presentaron dos de las tres iniciativas que Peña Nieto desea que estén aprobadas antes del 1 de diciembre, la reforma constitucional para ampliar facultades del IFAI —que está en su etapa final de análisis en comisiones—, y ahora el proyecto de anticorrupción; queda pendiente el proyecto que regula y pone límites a la propaganda gubernamental.
La comisión será el órgano del Estado responsable de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral.
La iniciativa propone además que los cinco comisionados que integrarán el nuevo órgano sean designados directamente por el titular del Ejecutivo, pero el Senado tendrá la facultad para objetarlos si hay consenso de las dos terceras partes de sus votos. En caso de ser objetados, Peña Nieto podrá poner una nueva designación y si los senadores la rechazan nuevamente él decidirá directamente quiénes integrarán la comisión nacional anticorrupción.
El proyecto establece que la comisión podrá ejercer la facultad de atracción para conocer casos de corrupción cometidos en los estados y en los municipios. Y los delitos de corrupción no prescribirán en un plazo de cinco años.





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